Hallazgos sobre impacto social por tranques de relaves Minera Los Pelambres

Como parte de su trabajo de investigación en el proyecto Incide!, más derechos, más voz, Participa publicará en breve el primer informe de investigación, en relación al impacto social de las actividades desarrolladas por Minera los pelambres en Cuncumén y Caimanes.

Como adelanto publicamos en este espacio del blog la introducción de dicho informe, que hace las veces de resumen ejecutivo, a continuación:

Resumen Ejecutivo:

La vida cotidiana de las comunidades que habitan las ciudades de Salamanca, Illapel, y las comunidades de Cuncumén, Caimanes y Tranquilla se ve afectada negativamente por diferentes actividades de Minera Los pelambre (MLP)s. Específicamente, encuentran en riesgo su salud, relaciones sociales, identidad cultural y forma de vida, así como la posibilidad de que sus intereses sean protegidos por las instituciones estatales.

Destaca el temor y la incertidumbre en que estas comunidades y personas viven, en particular respecto de la vulneración de sus derechos frente al poder de la empresa.

Este temor e incertidumbre tienen dos anclajes. Por una parte, se sustentan en el gran poder y las conductas abusivas de la minera, que han resultado en daños acreditados oficialmente y que han motivado reiteradas sanciones de Corema y órganos judiciales. El otro anclaje consiste en la baja calidad de la información estatal, la debilidad técnica del estado local, y la mala calidad de procesos de participación ciudadana, en especial relativos a información ambiental y proyectos de desarrollo. Esto provoca una sensación de haber sido abandonadas y abandonados por el estado, como acreditan diversos estudios académicos.

Recomendaciones:

- Parar las actividades contaminantes que generan impacto social: contaminación de agua y aire.

- Motivar el cese de prácticas de fragmentación social: concentración derechos de agua y tierra, intervención educativa y en políticas públicas, fragmentación representación social, entre otras.

- Llevar a cabo una evaluación participativa del impacto social y sobre los derechos humanos relacionadas con actividades de la empresa, con especial énfasis en la distribución de ese impacto sobre el bienestar de las personas y grupos más vulnerables (mujeres, niñas, comunidades pobres, discriminadas, etc.)

- Del mismo modo, evaluar los límites legales establecidos para la actividad de la empresa, el plan de mitigación y la capacidad estatal y ciudadana para la fiscalización del cumplimiento de la ley y obligaciones frente a las personas y comunidades, en especial las más vulnerables.

“...de aquí a Los Vilos, 11 minutos...” “... hasta Cuncumén, un minuto y medio...”

“... llega a Caimanes en tres minutos...”.

- entrevistas con residentes de Cuncumén y Caimanes

Estas frases, que se repiten insistentemente en las conversaciones con residentes de Cuncumén y Caimanes, hacen referencia al tiempo que tardaría el alud de relave en arrasar con el pueblo, con la gente, con el río, con la casa, si por alguna razón los tranques y piscinas de contención del sobrecargado tranque Quillayes o el pronto a operar –gigantesco- El Mauro, se desbordan o derrumban.

Este sentido de las frases, que refiere a la posibilidad de ser arrasadas y arrasados por aludes de toneladas de relaves, no es propio del pasado de esas mismas comunidades, sus sistemas de vida y costumbres rurales y sin sobresaltos, tal como son descritos en la línea de base configurada por Minera Los pelambres (MLP).

Por el contrario, se trata de una referencia nueva, cuya notable prevalencia aparece asociada directamente tanto con la presencia próxima de los tranques de relave como con las actividades de la empresa y su poder, la desconfianza en el estado, y las consecuencias de ambas.

Dichos como los citados constituyen junto con otros la expresión de un impacto social importante: la instalación de temor por la posibilidad cercana de aniquilación de la forma de vida colectiva, asociada directamente con las actividades de expansión productiva de MLP.

La instalación de este y otros temores sobre la vida individual y colectiva forma parte de un conjunto de hallazgos sobre impacto social negativo de los que da cuenta este reporte. En otras palabras, los hallazgos de la investigación de campo indican que la empresa y sus actividades impactan negativamente la calidad de vida social en Cuncumén y Caimanes.

Algunos de estos impactos negativos han sido previstos por la empresa y la institucionalidad pública. Respecto de ellos, este reporte constituye información independiente que sirve para evaluar el cumplimiento de mitigaciones, prohibiciones y promesas. Otros impactos, en cambio, son nuevos, en el sentido que no han sido previstos, generando la desatención de sus consecuencias nocivas. Aquí el informe realiza también un aporte conceptual, referido a la procedencia de la aplicación del enfoque de derechos humanos.

Cuando las entrevistas son realizadas en las comunidades colindantes con los tranques, ante la referencia de “relaves en minutos...”, es ineludible el temor: ¿es posible que el tranque se derrumbe así, sin más, en minutos? La respuesta obligada será algo como “Hasta los tranques más seguros del mundo han tenido accidentes fatales ..!” La pregunta obligada “¿Y cuál es el tipo de tranque que tienen ustedes...que instaló la minera?...”, quedará sin respuesta...

Además del temor, un segundo hallazgo es que ninguna de las personas entrevistadas sabe realmente qué está pasando con los tranques El Mauro y los Quillayes y el PID (Plan Integral de Desarrollo), de MLP. Quienes saben algo, nunca mucho, saben porque son o han sido víctimas de prácticas o efectos de actividades de la empresa, porque conocen el territorio, los canales, el entorno, porque han trabajado para la empresa o en los tranques, o bien porque han podido liderar procesos relacionados con organizarse para saber, contratando servicios profesionales o a través de asociaciones civiles o recursos personales (celular, redes de contactos, internet, buena educación, posibilidad de acceder a oficinas públicas –dinero, capacidad, tiempo, legitimidad, etc-.

La mayoría, que sabe nada o casi nada, no sabe nada a pesar de haber participado en los procesos de participación ciudadana de COREMA y de la empresa, como constatan innumerables documentos y fotos de la misma empresa.

De este modo, se verifica como otro impacto social negativo la brecha informativa que existe entre la empresa y las víctimas acerca de prácticas y efectos de actividades de MLP. Esta brecha es un indicador de mala calidad de acceso a información, y pone en duda la realización de procesos de participación ciudadana debidamente informada así como el cumplimiento de los objetivos de planes de fiscalización y mitigación para el control de impactos y la garantía del derecho de acceso a información.

Esta brecha es mantenida por la empresa a través de prácticas de desinformación. Consisten en la ocupación por parte de la empresa, con su propio discurso y poder de información, de prácticamente todos los espacios para la comunicación pública disponibles entre miembros de la comunidad y de comunidades de la región. Ello, a través de producción directa de contenidos y financiamiento de medios de comunicación y comunicadores/as sociales. Una ley de acceso a la información restrictiva y la pervivencia de cultura del secreto en la administración pública completan el contexto propicio para el sostenimiento de la brecha informativa.

Un tercer hallazgo lo constituye la fragmentación de los vínculos sociales, incluso familiares, de las personas cuya calidad de vida se previó podía ser o fue finalmente afectada por las actividades de la empresa. Esto y la consecuente pérdida del capital social de la comunidad, constituyen otro impacto social negativo no previsto.

Una ruptura profunda en los vínculos sociales entre las personas afectadas se manifiesta como consecuencia de los “beneficios” que la empresa distribuye entre ellas: puestos de trabajo, becas, compra de tierras o derechos de agua, arriendo de algún servicio. De este modo, la comunidad de personas afectadas se divide en “radicales” y “vendidos”, que son más bien “sometidos” a las relaciones de dominio que establece con ellas la empresa, en un contexto de desigualdad absoluta de poder y oportunidades para el ejercicio de derechos. En este contexto, el sometimiento a relaciones de dominación tanto como su resistencia forma parte de las estrategias de supervivencia de personas bajo condiciones de violencia estructural como pobreza, violencia y desempleo - tal es el caso de las afectadas por la empresa.

Finalmente, un cuarto impacto social negativo no previsto es la profundización de la vulnerabilidad de los grupos más vulnerables, y sus consecuencias sobre el estancamiento del desarrollo y la superación de la pobreza en las comunidades.

En cuncumén y Caimanes, las niñas y niños, ancianas y ancianos, soportan el mayor costo del impacto negativo de las actividades de la empresa sobre el derecho a la salud, por ser más vulnerables a las enfermedades producto de contaminación. Este costo aumenta con la pobreza, que influye negativamente en la calidad de su acceso a salud.

Para las mujeres jóvenes pobres, aumentan las probabilidades de embarazos no deseados y contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). En el caso de los varones jóvenes pobres, trabajar para la minera o sus contratistas es su única posibilidad, anulando o disminuyendo la capacidad de negociar condiciones de trabajo o ejercer los derechos laborales, contexto favorable para la impunidad de los abusos cometidos por la empresa.

Para las personas vulnerables por cualquier condición, el costo del impacto negativo de las actividades de la empresa sobre sus derechos es más alto, debido a dos factores: el aumento de probabilidades de que ese impacto negativo ocurra, como consecuencia de prácticas discriminatorias que resultan en la sobrerrepresentación de personas vulnerables en la exposición a riesgos altos; y los diferentes déficits de acceso a ejercicio y cumplimiento de derechos en razón de pobreza o discriminación.